En una sesión determinante para la organización de la ciudad, el Concejo Deliberante de Córdoba sancionó la ordenanza que crea el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido y Controlado. Esta iniciativa tiene como objetivos centrales modernizar la gestión del espacio público mediante herramientas tecnológicas y brindar un marco de legalidad al trabajo de los cuidadores de vehículos a través de cooperativas. El resultado de la votación reflejó una importante victoria política para el Ejecutivo, al conseguir un consenso que traspasó los límites del bloque mayoritario.
La norma recibió 21 votos a favor, por parte de concejales del oficialismo, el edil baldassista Gabriel Huespe (Ciudadanos), el bloque del Frente Cívico, y los radicales Claudia Luján y Juan Balastegui, que dejaron en evidencia el voto fraccionado de la UCR. Por el contrario, rechazaron el proyecto las concejalas Jéssica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad), Soher El Sukaría (PRO), Cintia Frencia (FIT) y el resto del bloque de la UCR. Este escenario parlamentario destaca por la división en las bancadas opositoras, lo que permitió que la reforma fuera aprobada con una base de apoyo más diversa de la que se anticipaba originalmente.
El nuevo esquema permite que el Departamento Ejecutivo Municipal determine las zonas, horarios y tarifas del servicio, priorizando el uso de aplicaciones móviles y medios digitales para el cobro y la identificación de los usuarios. La Secretaría de Movilidad Urbana será la autoridad encargada de reglamentar estas disposiciones, buscando optimizar la rotación vehicular y eliminar la informalidad en el cobro. Asimismo, se establece que las organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de trabajo integradas por los naranjitas deberán cumplir con requisitos administrativos y legales para participar formalmente en el sistema.
Con esta aprobación, el gobierno municipal queda facultado para implementar cambios profundos en la movilidad urbana, centralizando la fiscalización bajo la Secretaría de Gobierno, Fiscalización y Control. La transición hacia un modelo digital y la regularización laboral de los cuidadores representan los pilares de una política que busca dar transparencia al uso de la vía pública. Tras un debate que reconfiguró las fuerzas en el Concejo, la ciudad inicia ahora un proceso de adaptación tecnológica y social que será clave para la convivencia ciudadana en los próximos años.
La votación final reflejó la soledad del bloque mayoritario en este proyecto, ya que la norma fue aprobada exclusivamente con los 16 votos de Hacemos Unidos por Córdoba. Por su parte, los bloques de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico, el PRO y la Coalición Cívica ARI decidieron abstenerse, mientras que el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores expresó su rechazo rotundo votando en contra de la medida. Este escenario parlamentario subraya la importancia estratégica de la reforma para la administración actual, que decidió asumir el peso de una sanción sin acompañamiento opositor para reestructurar el sistema.
El nuevo ordenamiento faculta al Departamento Ejecutivo Municipal para determinar las zonas, los días y los horarios en que se aplicará el sistema de estacionamiento medido, además de establecer las tarifas correspondientes. La normativa prevé que el sistema sea gestionado preferentemente a través de soluciones tecnológicas, como el uso de aplicaciones móviles y otros medios digitales para la identificación de usuarios y el cobro del servicio. De esta manera, se busca modernizar el control vehicular y optimizar la rotación de automóviles en las áreas de mayor densidad de la capital cordobesa.
Uno de los puntos con mayor carga social de la reforma es la inclusión de organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de trabajo, integradas por los trabajadores conocidos como naranjitas, en la gestión del estacionamiento controlado. Estas entidades deberán cumplir con requisitos legales estrictos y contarán con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, Fiscalización y Control para su regularización. El objetivo es formalizar una actividad que históricamente funcionó en la informalidad, brindando un marco de legalidad tanto para los cuidadores como para los vecinos que utilizan el espacio público.
Finalmente, la ordenanza establece mecanismos para que la Secretaría de Movilidad Urbana dicte las normas reglamentarias necesarias para la implementación efectiva del sistema en las diferentes calles y avenidas. Con esta aprobación, el gobierno municipal consolida su control sobre la planificación urbana y la recaudación por el uso de la vía pública, cerrando un debate legislativo que marca un hito en la gestión de los servicios municipales. La implementación de este esquema será clave para evaluar el impacto real de una política pública que nació con una fuerte impronta de autoridad política frente a la fragmentación del Concejo.
