Andy Ferreyra
Luis Juez guarda hoy un silencio que pesa. El senador nacional por Córdoba e integrante orgánico de la coalición gobernante desde su acuerdo con La Libertad Avanza, no emitió declaración pública alguna sobre el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ingresó esta semana al Senado bajo el nombre "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez".
La iniciativa, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, deroga artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793 -que el propio gobierno incumple pese a fallos judiciales- y establece un reempadronamiento obligatorio con suspensión automática del beneficio para quienes no cumplan en tiempo y forma.
El contraste con la conducta de Juez siete meses atrás es notable. En septiembre de 2025, el senador cordobés fue uno de los legisladores que rechazó el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad, una decisión que le valió la furia de la tropa digital libertaria y un episodio de bajeza política sin precedentes: el militante oficialista Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", atacó públicamente a la hija del senador, quien tiene parálisis cerebral.
Entonces, Juez no calló. Respondió con voz entrecortada: "no se defiende la libertad ofendiendo, agraviando, insultando". Karina Milei lo llamó para pedirle perdón. Hoy, ante un proyecto que va mucho más lejos que aquel veto, el mismo hombre no tiene declaraciones públicas. Por ahora.
Desde el espacio político de Juez explicaron la postura con una frase que mezcla prudencia y cálculo: no se pronunciará sobre el proyecto de discapacidad ni sobre la eliminación de las Paso hasta no leer completamente ambas iniciativas. La justificación de fondo es que Juez ahora forma parte de una coalición y debe "medir cada paso". En la jerga de la política argentina, eso se traduce como lo siguiente: las convicciones tienen precio, y el precio sube cuando uno está adentro del gobierno.
En su momento, Juez había sido categórico: "la ley de Discapacidad es absolutamente operativa. Se intentó un veto, fracasó, y ahora está reglamentada. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es ponerse a pensar de dónde saca los recursos para poder cumplir con la ley".
El nuevo proyecto hace exactamente lo contrario: en lugar de cumplir la ley vigente, la reemplaza por una que elimina la universalidad de las prestaciones, suprime el nomenclador de prestaciones únicas y establece una incompatibilidad absoluta entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado.
Leandro Ator, presidente de la Asociación Civil Colectivo 3 de Diciembre y referente del movimiento en Córdoba, resumió el daño sin anestesia: "Entendemos que este proyecto no beneficia a nadie, que es restrictivo, que quita derechos, que demoniza al colectivo de personas con discapacidad y que se va a perder la universalidad".
El silencio de Juez adquiere además una dimensión escandalosa si se lo lee junto a la causa judicial que salpica al propio gobierno que lo tiene como aliado. El organismo que manejaba las prestaciones de discapacidad, la ANDIS, fue disuelto tras la filtración de audios en los que el ex director ejecutivo Diego Spagnuolo describía un sistema de retornos en la compra de medicamentos con menciones a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem.
El fiscal Franco Picardi, en un dictamen de 276 páginas, sostuvo que en la ANDIS funcionó una enorme trama de corrupción. El propio Juez había apuntado a ese escándalo en septiembre de 2025 sin pelos en la lengua: "Yo entiendo que tuvieron un funcionario en Discapacidad que se la pasaba pelotudeando, echándole la culpa a todo el mundo y después nos enteramos por los audios que era un terrible inútil. Tienen que poner a alguien que resuelva este tema. Es un problema de gestión". Hoy ese mismo gobierno pide su aval para una nueva ley del sector.
El senador cordobés no es ajeno a los costos de votar en disidencia: cuando rechazó el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, fue blanco de los libertarios digitales y tuvo que salir a decir que no era "un traidor ni un miserable que merece castigo".
Ahora, integrado orgánicamente a la coalición oficialista, la ecuación cambió. La pregunta que recorre los pasillos del Senado es si el hombre que alguna vez le dijo a Milei "quiero ser tu amigo, no tu ciervo; te quiero ayudar desde la experiencia, no desde la subordinación" tiene todavía margen para votar en contra de su propio gobierno cuando se trate el proyecto que recorta derechos a personas como su hija.
