Andy Ferreyra
La crisis del PAMI en Córdoba ingresó en una fase de alta exposición política. Lo que comenzó como un conflicto por prestaciones y pagos derivó en un problema de conducción que deja al descubierto la estructura de poder del organismo y su dependencia de decisiones centralizadas.
La protesta de jubilados, médicos y entidades profesionales frente a la sede de avenida General Paz funcionó como síntoma de un proceso más profundo. La delegación local, encabezada por Eduardo Frayre, carece de margen de maniobra para responder a la emergencia. Su perfil técnico y su origen en áreas administrativas limitan su capacidad de intervención en un escenario dominado por decisiones políticas que se toman fuera de la provincia.
El esquema responde a una arquitectura de poder que excede lo formal. El diputado nacional Gabriel Bornoroni se consolidó como principal referencia del oficialismo libertario en Córdoba, mientras que el ex titular regional Marcos Patiño Brizuela mantiene influencia en la estructura interna. La continuidad de ese entramado explica la falta de definiciones públicas y la ausencia de conducción visible en medio del conflicto.
La centralización se profundizó con el corrimiento del PAMI hacia la órbita del Ministerio de Economía. Bajo la conducción de Luis Caputo, el organismo quedó alineado con la estrategia de ajuste fiscal del Gobierno nacional. Ese cambio alteró el equilibrio histórico entre financiamiento y prestaciones, al priorizar la contención del gasto por sobre la capacidad operativa.
En ese marco, el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, perdió centralidad en la gestión directa del sistema. La consecuencia es un PAMI que opera con lógica financiera en un contexto que demanda respuestas sanitarias urgentes.
El impacto político de esa decisión se proyecta sobre Córdoba. La interrupción de servicios y la retracción de prestadores derivan pacientes hacia hospitales provinciales y municipales, lo que incrementa la presión sobre el sistema público. Ese traslado de demanda erosiona la gestión del gobernador Martín Llaryora, que enfrenta un problema originado en la órbita nacional, pero con efectos locales concretos.
La disputa no se agota en la gestión sanitaria. En el oficialismo, el conflicto se inserta en una lógica de posicionamiento político. La crisis del PAMI aparece como una variable dentro de la construcción territorial del espacio libertario, con impacto en el escenario electoral de mediano plazo. La ausencia de intervención directa de los principales referentes sugiere una estrategia de bajo perfil público mientras se redefine el equilibrio interno.
En paralelo, el Gobierno nacional sostiene un discurso que apunta a irregularidades en el sistema de prestadores y a la necesidad de auditorías más estrictas. Esa narrativa convive con negociaciones reservadas para destrabar pagos y evitar una ruptura total de la cadena de atención.
