La paritaria docente: el laberinto político del que Llaryora no encuentra cómo salir

El gobernador Martín Llaryora arrancó el segundo trimestre del año con el mismo problema sin resolver con el que cerró el primero. La paritaria docente en Córdoba sigue abierta, el conflicto se profundiza y cada movimiento del Ejecutivo provincial parece encontrar una pared. Este miércoles, la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó por tercera vez consecutiva la oferta salarial del gobierno y resolvió un paro de 72 horas para el miércoles, jueves y viernes de la semana próxima.

La decisión no fue sencilla: la asamblea votó dividida. La postura más dura, impulsada por la delegación Capital, se impuso con 56 votos. La opción de 48 horas obtuvo 41, y 24 delegados sostuvieron que no correspondía ninguna medida de fuerza y que debía exigirse directamente una nueva propuesta a la Provincia.

Lo que en febrero parecía una negociación compleja, pero manejable se convirtió ahora en un nudo que nadie sabe cómo desatar. Las fuentes con acceso directo al proceso de negociación no guardan optimismo. En el entorno del Ejecutivo se admite que la realidad irá, tarde o temprano, reordenando las posiciones, dado que la posibilidad de que el gobernador disponga de recursos por encima de los existentes no tiene sustento concreto.

Un gobierno que cedió y no alcanzó

La tercera propuesta oficial era, en los propios términos del Ejecutivo, la más generosa del ciclo. Contemplaba una paritaria anual de febrero de 2026 a enero de 2027, con un reajuste promedio del 10,3% en los dos primeros meses, un diferencial positivo cercano al 5,3% por encima de la inflación proyectada y reajustes mensuales desde abril atados al IPC, remunerativos, bonificables y acumulativos. La concesión central fue política: el gobierno retiró la cláusula que condicionaba los aumentos a la evolución de la recaudación provincial, el punto que había detonado los dos rechazos anteriores.

No fue suficiente. Desde la Gobernación se describió el escenario con precisión: la recaudación provincial registra caídas por noveno mes consecutivo en un contexto donde la inflación se mantiene cerca del 3% mensual, lo que convierte en un riesgo fiscal asumir compromisos de incremento sin certeza sobre los ingresos futuros. Ceder en la cláusula de recaudación implicó asumir ese riesgo. A cambio, el gobierno esperaba al menos un gesto de las bases. Las bases dijeron que no, y la respuesta generó malestar en el entorno del gobernador.

El laberinto tiene varios pisos

El problema de Llaryora no es solo presupuestario. Es estructuralmente político, y tiene al menos cuatro dimensiones que se retroalimentan.

La primera es la brecha entre lo que las bases docentes reclaman y lo que cualquier gobierno provincial puede genuinamente ofrecer. La cifra que circula en asambleas y grupos de WhatsApp es el 40% de aumento. Quienes participan de la negociación saben que ese número es inviable, pero nadie en las escuelas quiere escucharlo. El resultado es una negociación donde las partes no hablan el mismo idioma y donde ningún argumento racional penetra.

La segunda dimensión es la fractura dentro del propio gremio. En el Centro Cívico consideran que la asamblea docente está contaminada por la postura dura de la delegación Capital, cuya conducción responde al Partido Obrero. La conducción provincial de la UEPC, encabezada por Roberto Cristalli, mantiene una postura orgánica con el resto de los sindicatos estatales y administra los tiempos con la lógica de quien sabe que en algún momento habrá que cerrar. La conducción capitalina, en cambio, opera con una lógica de escalada permanente y eleva demandas que vuelven imposible cualquier acuerdo. Cada propuesta oficial que el gremio provincial evalúa con cierta apertura es dinamitada desde la Capital. Cualquier acuerdo que firme Cristalli puede ser impugnado desde abajo antes de que la tinta se seque.

La tercera dimensión es el efecto del discurso nacional en las escuelas cordobesas. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del gobierno de Javier Milei dejó un agujero en el bolsillo de cada docente que la Provincia no puede cerrar sin esfuerzo fiscal propio. Pero el dato político más dañino es otro: los docentes responsabilizan a Llaryora de ese agujero. La Nación corrió el arco y la pelota terminó en el área provincial. En ese clima, iniciativas de alivio financiero como la refinanciación de deudas con la Tarjeta Cordobesa -ofrecida a tasa del 73% anual, con cuotas de hasta 60 meses- no solo no generaron alivio: fueron recibidas en las asambleas como un insulto.

La cuarta dimensión, frecuentemente omitida en el análisis del conflicto, involucra directamente al Ministerio de Educación provincial. Fuentes con conocimiento del sistema escolar señalan que la crisis no es exclusivamente económica, sino que se asienta sobre un clima laboral deteriorado por decisiones de política educativa que acumulan años de cuestionamiento. Los docentes enfrentan exigencias crecientes en un marco de autoridad cada vez más erosionada frente a padres y alumnos, con una estructura de supervisión que, según esos mismos testimonios, dejó de contener a las escuelas hace tiempo.

Un ejemplo concreto ilustra la magnitud del problema. La normativa provincial sobre el uso del celular en las escuelas establece que su utilización está permitida por defecto, y que solo el acuerdo escolar de cada establecimiento puede restringirla o prohibirla. El resultado es que cada director queda librado a una negociación individual con padres que, en muchos casos, exigen que sus hijos conserven el dispositivo encendido durante la jornada. Provincias con gobiernos de perfil progresista ya avanzaron en prohibiciones más amplias. Córdoba, no. Para los docentes y directivos consultados, esa permisividad normativa no es un detalle menor: es un síntoma de una política educativa que les delega conflictos sin darles herramientas para resolverlos. Si a eso se le suma la exigencia de resultados pedagógicos en condiciones de infraestructura y salarial deterioradas, el malestar que se expresa en las asambleas excede ampliamente la discusión por puntos porcentuales.

En ese marco, la paritaria funciona como válvula de escape de una presión que tiene múltiples orígenes. El Ministerio de Educación, en tanto actor central de las condiciones laborales no salariales, sale relativamente indemne del análisis público del conflicto. Pero su gestión aparece, en los testimonios recogidos, como una variable que agrava la disposición de las bases y endurece posiciones que de otro modo podrían ser más permeables a la negociación.

El riesgo del contagio

Para el gobierno, la paritaria docente nunca fue solo un problema educativo. Es una paritaria testigo. Lo que se acuerde con la UEPC marca el piso y el techo para el resto de los gremios estatales. Si los docentes consiguen una mejora por encima de lo que el fisco puede absorber, la presión sobre judiciales, administrativos y el resto del aparato estatal provincial se vuelve inmediata e irrefrenable. En año preelectoral, ese escenario es el que Llaryora menos puede permitirse.

El gobernador ya hizo un gesto de alto costo: anunció que ordenará desacelerar y postergar obras públicas para concentrar recursos en la oferta salarial. Las obras son, en la lógica del peronismo cordobés, el argumento electoral por excelencia. Sacrificarlas en el altar de la paritaria docente es una señal de la gravedad que el Panal le asigna al conflicto.

La salida que no aparece

Los delegados que rechazaron la tercera propuesta exigen ahora incrementos no inferiores al 25%, la suspensión del FOSAET, la devolución de los montos descontados por los días de paro anteriores y mejoras en el cálculo jubilatorio. El gobierno no tiene, por el momento, margen para cubrir esa brecha sin un costo fiscal que comprometa otros frentes.

La pelota quedó en manos del gobernador y la conciliación obligatoria aparece como herramienta disponible para frenar el conflicto. Dentro del llaryorismo conviven dos posturas: algunos proponen prolongar el pulso y seguir descontando los días de paro para desgastar a las bases docentes; otros, más cautos, consideran que el clima social no da para sostener una pulseada tan larga en las calles. El lunes habría una nueva oferta sobre la mesa, sin que se descarte la conciliación obligatoria.

El historial tampoco ayuda a imaginar una resolución rápida. En los últimos 15 años, la paritaria docente cordobesa raramente se cerró en marzo. El conflicto acumula ya siete conciliaciones obligatorias. Quienes participan del proceso recuerdan que situaciones similares -conducciones desbordadas por sus propias bases, mandatos imposibles de cumplir- se repitieron en ciclos anteriores y siempre terminaron, después de semanas o meses de desgaste, en un acuerdo que nadie festejó, pero todos terminaron aceptando.

La diferencia, esta vez, es el contexto político. Llaryora tiene el reloj electoral en contra. Cada semana sin clases es una semana de desgaste que se acumula en la opinión pública. Y la realidad fiscal no da señales de mejorar en el corto plazo. El laberinto, por ahora, no tiene salida visible.