Andy Ferreyra
El intendente Daniel Passerini avanza sobre la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito: les exigió la renuncia a todos sus funcionarios, desde el subsecretario Eduardo Ramírez hasta los niveles más bajos del escalafón, y evaluará caso por caso quién continúa. La medida se produce en el epicentro de la tormenta política que genera el femicidio de Agostina Vega, donde el único acusado Claudio Barrelier, trabajaba en la Escuela Municipal de Tránsito. La misma dependencia donde hace menos de un mes se detuvo a un empleado por la venta de carnets de conducir apócrifos.
Según confirmaron a El Búnker fuentes con acceso directo al proceso, les solicitaron la renuncia a todos los funcionarios de la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito.
El organigrama de la dependencia abarca cuatro direcciones generales -Control y Gestión, Transporte, Tránsito y Educación Vial, y Policía Municipal- más la Dirección General de Digitalización y Comunicación, con sus respectivas subdirecciones. Todas quedaron alcanzadas por la medida.
La decisión no es un acto administrativo aislado. Se inscribe en un contexto de crisis política y judicial que tiene como epicentro el femicidio de Agostina. Barrelier era empleado de la Municipalidad de Córdoba en el área de Tránsito desde 2021, cuando ingresó como becario, específicamente en la Escuela Municipal de Tránsito, donde daba capacitaciones para licencias de motos.
Cabe recordar que esa misma dependencia -la Escuela Municipal de Tránsito- había protagonizado otro escándalo apenas semanas antes del femicidio. La Justicia investigó una presunta maniobra para entregar carnets de conducir sin cumplir los requisitos obligatorios, a cambio de dinero, y ordenó allanamientos en el predio ubicado sobre avenida Sabattini, detrás del Hiper Libertad, donde funciona el centro de capacitación vial y toma de exámenes de la capital.
En el marco de esa causa, un empleado municipal fue detenido, mientras la fiscalía busca determinar si hay más personas involucradas.
La acumulación de irregularidades en una misma área del Estado comunal encendió las alarmas políticas del Palacio 6 de Julio. Barrelier había sido detenido en mayo de 2025 por una causa de privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Pese a ese antecedente, el municipio lo mantuvo en su nómina y argumentó que no fue notificado formalmente.
El caso, además, expuso una red de vínculos políticos que sacudió al oficialismo local. La controversia se profundizó cuando el concejal oficialista Ricardo Moreno reconoció públicamente que fue él quien recomendó el ingreso de Claudio Barrelier como becario en la Municipalidad de Córdoba. Moreno, abogado penalista que compartía espacios de militancia sindical y partidaria con el acusado dentro de las 62 Organizaciones, intentó resistir la presión pública.
El intendente Passerini dispuso que Raúl La Cava, uno de los dirigentes de mayor confianza del intendente y del gobernador Martín Llaryora, que se desempeñaba como secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad, asuma su banca en el Concejo Deliberante. Con ese movimiento, al regresar La Cava como concejal electo, dejó su banca el cuestionado Moreno, y el oficialismo municipal eludió el pedido de expulsión que diferentes bloques opositores iban a impulsar en la sesión de este jueves
En simultáneo, Passerini anunció una medida de alcance más amplio. El intendente extenderá los controles de narcotest y antecedentes penales a todos los empleados municipales, una práctica que hasta ahora solo se aplicaba a los funcionarios políticos. La medida será instrumentada a través de un proyecto de ordenanza.
El reproche político que motivó la iniciativa es preciso: Barrelier tenía antecedentes penales computables y el municipio alegó desconocimiento. La exigencia de narcotest responde a la misma lógica: el sistema no detectó ni filtró a quien hoy está imputado por femicidio.
