La política cordobesa atraviesa un complejo panorama institucional tras las declaraciones de Daniel Passerini, quien decidió no esconderse ante la conmoción por el femicidio a la adolescente de 14 años, Agostina Vega. El intendente reconoció sin vueltas que la estructura administrativa permitió el ingreso de Claudio Barrelier, el principal sospechoso, exponiendo una vulnerabilidad inadmisible en los filtros de la planta estatal. “Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable”, sentenció el mandatario, asumiendo el mando de una crisis que golpea de lleno a su gestión.
Uno de los momentos más difíciles fue la salida de Ricardo Moreno. El concejal fue quien ayudó a que Barrelier entrara a trabajar al municipio y hasta lo había defendido como abogado en un juicio anterior. Passerini le pidió que renunciara, pero como Moreno se negó, el peronismo hizo un movimiento para sacarlo de su banca: que Raúl La Cava vuelva a su puesto en el Concejo, y así Moreno quedó fuera automáticamente.
El intendente también confesó que el problema de los empleados con antecedentes penales es muy grande. Contó que, después del crimen, empezó a recibir muchísimas alertas de los vecinos. “Ya recibí más de 200 mensajes de que tengo tipos en tal área que están con una condena y están trabajando”, reveló con preocupación sobre el estado de la planta municipal.
Para que esto no vuelva a pasar, se presentó un proyecto para cambiar los controles. Ahora, los empleados deberán demostrar que no tienen antecedentes cada seis meses y tendrán que hacerse exámenes de consumo de drogas. Con estos cambios, el gobierno de la ciudad busca limpiar la institución y dar una respuesta a la sociedad después del fuerte golpe que significó este caso.
