Gabriel Silva
“A la Justicia no la conduce nadie. Y cuando eso pasa, hay problemas”. La frase la lanzó un experimentado hombre de recorrido amplio por los pasillos de Tribunales. Lo sucedido en diez días en Córdoba, con los dos casos más resonantes que impactan en ese tejido sensible que son el ministerio de Seguridad, la Policía y el Ministerio Público Fiscal dejó en evidencia que la convivencia no atraviesa un buen momento. El vínculo cruje.
Los casos del vecino con el policía muerto en Villa Belgrano y la nena desaparecida durante varias horas en Cosquín fueron una muestra de esa relación tensa. Que, en realidad, no es más que otro capítulo de las reiteradas fricciones entre el llaryorismo y la Justicia desde diciembre del 2023.
Por lo sucedido la noche del jueves del clásico en Córdoba, la detención y liberación a las tres horas de Paolo Zambelli, el vecino implicado en la muerte del policía Luis Azábal derivó en la furia de Quinteros que el propio ministro evidenció en redes en la siesta del sábado pasado. “Algunas decisiones judiciales generan una preocupación profunda, porque empiezan a instalar en la sociedad la sensación de que la aplicación de la ley puede depender de quién las hace”, disparó Quinteros en el posteo que cuestionó de manera textual con un “en apenas tres horas”.
Lo que desató un fuerte enojo en la fiscalía que encabeza Víctor Chiappero, a cargo del caso, pero también en la abogada Mónica Picco que representa a Zambelli y que en la misma semana dejó entrever la acusación de algunos sectores que la tildan de defender a un ‘mata policía’. “Quiero recordarle al ministro Quinteros que yo defendí a los policías en el caso del vecino que murió en una estación de servicios en Villa Páez cuando muchos salieron a hablar de abuso policial”, dijo Picco esta semana en LV2.
Que, por otra parte, un hombre de la Justicia recordó en estos días la vehemencia que tiene para encarar las causas. “Si no que le pregunten a su expareja, Diego Bobatto”, dijo el hombre acerca de la relación entre Picco y el polémico expresidente de Instituto.
En tanto, el otro contrapunto de la semana entre Seguridad y MPF se produjo con el caso de la criatura en Cosquín. Más precisamente a la hora de comunicar la buena noticia de haberla encontrado y esta especie de disputa que hubo entre el jefe de los fiscales, Juan Manuel Delgado y Quinteros para oficializar la primicia. Casi un cabeza a cabeza.
Sobre todo, porque Delgado buscó levantar el perfil en el último tramo de su estadía en el despacho principal del Ministerio Público Fiscal y casi cuando ya se encuentra juntando las cajas. Los bártulos.
Pero la tensión en Cosquín se plasmó en las conferencias de prensa por separado: Quinteros al mediodía, escoltado por la plana de la Policía y el intendente local; la fiscal Silvana Pen a la siesta en un contacto con la prensa organizado por el esquema de comunicación del MPF que, paradójicamente, nunca tuvo buena relación con el ahora ministro.
Dicen que, en general, la tropa de fiscales es refractaria al ministro. Los motivos son varios y están desde aquellos que arrastran alguna cuestión del pasado, otros más enojados por el presente y directamente esos con los que nunca hubo piel. Ni la habrá.
También cuentan que entre los buenos vínculos se destaca el que tiene con la fiscalía del Distrito I turno 2 de Guillermo González. Y acá surge otro dato de la semana: el viernes, González reunió en Jefatura de Policía a Quinteros y Luifa Artime para desactivar la fricción por el uso de la tribuna popular del Gigante de Alberdi para el partido contra Racing.
Un desaguisado más amplio
El complejo nexo entre Seguridad y el MPF es un capítulo más del malestar y las miradas de reojo que hay desde Tribunales hacia El Panal. Por un cúmulo de decisiones que, según dicen los que caminan Pasos Perdidos, se tomaron sin consultar.
“Cuando las decisiones que involucran a los hombres y las mujeres de la Justicia se toman sin consultar a los que están en esos despachos lo más probable es que caiga mal”, agregó otra fuente que sabe, incluso, de los roces en la cúpula del TSJ por cuestiones más banales. Triviales.
Casi una cuestión de coquetería femenina y diferencia de estilos. Entre las que estaban y la que se incorporó hace poco.
Se sabe en el Círculo Rojo cordobés que la baraja está dividida en el TSJ. Aída Tarditti tiene una excelente relación con la senadora Alejandra Vigo y con el fiscal Enrique Gavier, lo que la aleja del gobernador Martín Llaryora; Luis Ángulo es el hombre de Schiaretti y entra en el lote de los de marcada distancia con El Panal. Sobre todo, con los operadores de la mesa paralela de la Justicia que tiene Llaryora más que con la conducción orgánica vía ministerios.
Luis Rubio está pensando en el retiro y dicen en el futuro de algún nieto en el tablero provincial; María Marta Cáceres de Bollati enfocada en su lugar en el Consejo de la Magistratura y designada recientemente en el Laboratorio de Innovación Judicial donde figura como colaboradora una llaryorista pura como Claudia Smania; y Sebastián López Peña es el que tiene relación con un sector del llaryorismo.
Aunque cuentan los que hablaron con López Peña en el último tiempo que la relación con El Panal no es con la misma fluidez que antes.
“El equilibrista es (Domingo) Sesín”, se sinceró una fuente. El titular del TSJ en diciembre se reunió con Llaryora y debe definir qué pasará con los descuentos aplicados a jueces y fiscales. El otro hierro caliente y fuerte enojo de los judiciales con la Provincia.
Si a esto se suma la creación de la Procuraduría del SPC, el Ministerio Público de la Defensa y el recorrido, por ejemplo, del llaryorista Néstor Gómez en estos dos y medio los ruidos son varios.
La vieja guardia del cordobesismo observa. Guarda hermetismo, pero algunos se animan a cuestionar el rol de operadores no validados y con escasos resultados. Citan los casos de siempre en el delasotismo y el schiarettismo y critican el liderazgo desordenado de los herederos del modelo.
