Andy Ferreyra
La causa por presunta corrupción en la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura y Agronomía de Córdoba alcanzó a un funcionario de primera línea del gabinete municipal. Diego Edgardo Peralta, secretario de Desarrollo Urbano de Daniel Passerini desde el inicio de la gestión en 2023, quedó imputado por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier como presunto partícipe necesario de una maniobra de administración fraudulenta.
La denuncia original, presentada por el presidente de la entidad previsional, Jorge Santecchia, describe dos maniobras centrales. La primera consiste en un plan de pagos que, según el escrito, habría congelado de forma anticipada los aportes correspondientes a una obra futura del emprendimiento Infinito Open, al otorgarle condiciones de financiamiento previstas legalmente solo para deudas ya existentes.
La segunda maniobra descripta involucra el procedimiento conocido como "relevamiento", aplicado según la denuncia de forma irregular a obras de gran envergadura que la Caja ya tenía identificadas. El caso más detallado es el de YPF Luz S.A., por el parque eólico de General Levalle, donde el escrito plantea que la recalificación de tareas profesionales redujo de manera sustancial los aportes que debían ingresar a la entidad previsional.
El texto también describe una situación similar vinculada a los proyectos Parque Solar de Villa de María de Río Seco S.A. y Parque Solar Cura Brochero S.A., ambos pertenecientes al Grupo Neuss, donde la denuncia sostiene que el mismo mecanismo habría beneficiado de forma desproporcionada al Colegio de Ingenieros Especialistas en perjuicio de la Caja.
Cabe aclarar que las empresas mencionadas figuran en la denuncia como beneficiarias de las maniobras cuestionadas, no como imputadas.
Peralta tampoco aparece vinculado en el escrito a estas compañías. Su imputación remite exclusivamente a su paso previo por la conducción del Colegio de Arquitectos, uno de los colegios profesionales que integran el entramado institucional de la Caja, donde la fiscalía considera que su intervención resultó necesaria para las maniobras bajo investigación.
El dato político no es menor. Peralta forma parte del círculo de funcionarios que Passerini mantuvo estables en su gabinete pese a las sucesivas reestructuraciones, y suele acompañar al intendente en la agenda de obras públicas, desde el Plan de Reparación Vial Integral hasta el concurso de anteproyectos para el área central de la ciudad.
Tras conocerse la imputación, la Municipalidad de Córdoba informó que Peralta delegó de manera transitoria sus funciones en el secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti, y que dejará de percibir haberes por el cargo mientras dure la licencia. Su defensa sostiene que la imputación corresponde a hechos ajenos a su función pública municipal y anteriores a su llegada al gabinete.
Así funcionaba el circuito irregular
Según relató el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, patrocinante del denunciante Jorge Santecchia, la operatoria partía de un mecanismo simple: cada obra de construcción requiere una autorización con planos y una determinación de honorarios profesionales, sobre los cuales corresponde un descuento del 9% destinado a la caja previsional de ingenieros y arquitectos.
De acuerdo con su testimonio, distintos miembros del directorio de la entidad habrían celebrado convenios con empresas y colegios profesionales para que ese porcentaje se pagara de forma reducida.
El letrado explicó que ese esquema se amplió cuando el Colegio de Ingenieros Especialistas comenzó a calificar como "clandestinas" a obras de gran magnitud que ya eran de conocimiento público, entre ellas el parque eólico.
Según su relato, esa calificación permitía aplicar un régimen de menor costo para las empresas, mediante el cual el colegio profesional percibía una porción mayor de lo recaudado mientras la caja previsional recibía una suma menor a la que le hubiera correspondido por el circuito ordinario.
Ortiz Pellegrini remarcó que las obras involucradas alcanzan valores millonarios en dólares, lo que motivó que la fiscalía dispusiera pericias contables para determinar el monto total presuntamente evadido.
El abogado indicó además que, a su criterio, la cantidad de hechos y de partícipes investigados podría derivar en un agravamiento de la carátula hacia una asociación ilícita, en la medida en que la actuación de las autoridades de los colegios profesionales habría resultado necesaria para consumar las maniobras denunciadas.
