Andy Ferreyra
La confirmación de la prisión preventiva contra el principal acusado en la causa por el crimen de Camila Merlo volvió a poner sobre la mesa una discusión que excede el expediente judicial. A través de sus historias de Instagram, la abogada querellante Daniela Morales Leanza cuestionó el modo en que se difundieron públicamente ciertos detalles del caso y planteó, sin nombrarlo de manera literal, pero de forma identificable por el contexto, un reclamo hacia su colega Carlos Nayi, representante del padre de la víctima.
Nayi es un abogado con amplia trayectoria mediática y vínculos consolidados en los ámbitos judicial y político de Córdoba, habitual voz de consulta en causas de trascendencia pública. En su última aparición televisivas sobre el caso, brindó precisiones vinculadas al posible destino del cuerpo de la víctima, información que circuló luego en distintos medios y redes sociales.
En su publicación, Morales Leanza sostuvo que la difusión de ese tipo de contenido resulta innecesaria y expone de manera cruda circunstancias que, a su criterio, no deberían trascender públicamente. Señaló además que esa información llegó a oídos de la hija de la víctima, una niña de nueve años, y planteó que la situación la interpeló como profesional y como madre. La abogada afirmó haber solicitado de manera directa a su colega que modificara ese tipo de comunicación y, ante la falta de una respuesta que considerara suficiente, decidió hacer pública su postura.
El posteo también dejó planteada una posición más general sobre el ejercicio de la abogacía en causas con víctimas de violencia de género: la idea de que no toda la información disponible en un expediente debe necesariamente convertirse en contenido mediático, y que la tarea de patrocinar a una familia incluye también decidir qué se calla.
El planteo instala, además, un interrogante que no es menor en el ambiente judicial cordobés: hasta qué punto la diferencia expuesta responde exclusivamente a una convicción sobre los límites éticos de la profesión, y dónde refleja una disputa por el protagonismo y la atención mediática que generan las causas de alto impacto social.
Se trata de una sospecha extendida en Tribunales, donde la exposición pública de los abogados querellantes suele funcionar tanto como herramienta de presión judicial como de posicionamiento profesional, sin que exista hasta el momento un elemento concreto que permita confirmar esa lectura por sobre la otra.
Desde el entorno de la letrada remarcaron que el planteo no responde a una disputa personal ni a una búsqueda de mayor exposición pública, sino a una diferencia de criterio sobre los límites éticos del ejercicio profesional frente a los medios.
El episodio expone, en definitiva, dos modelos de vinculación con la prensa que conviven -y en ocasiones chocan- entre quienes litigan causas de alto impacto social en Córdoba: uno que privilegia la exposición constante y el detalle como forma de visibilidad, y otro que reivindica la reserva y la contención como eje del patrocinio a las víctimas.
La discusión, instalada a partir de un caso puntual, remite a un debate más amplio y todavía abierto en el ejercicio de la abogacía penal: dónde termina el derecho a informar, dónde empieza la exposición innecesaria del dolor ajeno y cuánto de esa frontera se dirime también en la disputa por ocupar un lugar central en la escena mediática.
