Gabriel Silva
La semana dejó en evidencia el apuro del poder político en Córdoba por salir urgente del escándalo que desató el caso Agostina. Y, fiel al estilo que impera entre los herederos del cordobesismo, esto se hizo de manera desordenada, a los manotazos y sin una estructura clara; reflejo de un liderazgo que, en reiteradas ocasiones, carece de estrategia.
Por todo esto, no es inusual la incomodidad que genera en algunos despachos de Tribunales los llamados, las presiones o los mensajes y gestos que hacen llegar desde El Panal. Algo que, en esta sección, y en reiteradas ocasiones, ya se contó varios domingos.
La sensación en los pasillos cercanos a la fiscalía que encabeza Raúl Garzón, el fiscal que tiene a su cargo la causa Agostina es esa: la molestia, la incomodidad. Por eso, cuentan que el hombre decidió blindarse con la causa en su poder y resistir las visibles presiones de ciertos sectores que apuran por cerrar la investigación en los tres detenidos y acelerar la elevación a juicio.
Esa presión tiene varios vértices. El primero, sin dudas, el abogado que ejerce la querella por el lado de la familia materna, Carlos Nayi, quien ya no oculta su urgencia y en distintas entrevistas aseguró, no sólo que “la causa está cerrada”, sino que además debe llevarse adelante toda la investigación acá, en Córdoba. “En esta casa de la justicia y en las distintas fiscalías especializadas”, como dijo el viernes frente a la posibilidad de delitos federales que deberían pasar al fuero nacional.
Nayi cuenta, además, con el claro guiño de un sector de la prensa que también, a veces en cámara o en otras ocasiones vía asesor, baja el mensaje que espera el Centro Cívico.
A esa presión de Nayi sobre Garzón se suma la de la cabeza del Ministerio Público Fiscal que lidera Carlos Lezcano. El hombre que se convirtió en el jefe de los fiscales de la mano de Llaryora podría ser otro de los interesados en un apuro a Garzón con la causa y fue el comentario de una cena esta semana. La respuesta de Garzón, vía intermediarios, fue tajante: si hago eso, en la Legislatura me liquidan con el jury.
Misma sensación que sobrevuela en otras fiscalías después del caso Nora Dalmasso y la destitución de los hombres del MPF.
Cuentan que hay que poner el ojo en futuros nombramientos de fiscales en las próximas semanas. Particularmente en una persona de la fiscalía de Iván Rodríguez, apuntada por el caso del 2025 que involucró a Barrelier. “No vaya a ser cosa que esa mujer termine siendo fiscal”, dijo un conocedor de los pasillos de Tribunales.
La política y su interna
La otra curiosidad fue la decisión del intendente Daniel Passerini de salir con un anuncio de la creación de otro organismo para controlar la noche. Uno más. Y una vez más, el Passerini del presente contradice al Passerini del pasado; al que en el 2024 creó el Ente de Fiscalización y Control que, a la vista de los hechos, no tuvo los mejores resultados.
En lo político, el nuevo organismo también trasluce el socio con el que Passerini intentará armar su sucesión: el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Y, de paso, esmerila a su enemigo íntimo Miguel Siciliano.
El ministro de Vinculación reitera, siempre que puede, que no tiene nada que ver con el empresario de la noche Marcos Genaro. Que no hay sociedad ni compra de boliches alguna con testaferros de por medio.
La oposición no cree lo mismo; y tal vez, algunos peronistas de la Capital, tampoco. Por las dudas, el oficialismo insiste con la relación entre empresarios como el clan Moyano con la gestión capitalina de Luis Juez.
Por último, y con otra reacción tardía del municipio, a lo mejor sea el turno de volver a escuchar la voz de Ezequiel Hormaeche, el actual titular del Ente de Fiscalización y de un silencio largo a partir del estallido del tema Wachitas. Siempre y cuando Passerini crea que debe seguir en el cargo.
En el Abasto, el dueño de un boliche cercano al puente Alvear recuerda un pedido de coima de 10 mil dólares y un blindaje al funcionario que acusaba de parte de un despacho todavía más importante.
