Andy Ferreyra
Pablo Ortiz anunció que continuará de licencia (sin goce de sueldo) y no volverá al Concejo Deliberante de Alta Gracia, una decisión presentada como personal pero que en los hechos respondió a un cálculo ajeno. La conducción del oficialismo local, encabezada por los hermanos Facundo y Marcos Torres, resolvió en apenas horas que ese regreso no era viable y le bajó el pulgar antes de que la discusión avanzara en el bloque.
El operativo de contención se armó con la misma velocidad con la que se había anunciado el regreso. Ortiz difundió su comunicado un sábado y, en la práctica, nunca hubo un pedido formal para sostener esa vuelta ni una discusión orgánica dentro de Hacemos Unidos.
El desgaste acumulado por la gestión no dejaba margen para sumar un frente más: semanas antes, un subsecretario de Educación renunció por una denuncia de acoso, y esa marca reciente pesó a la hora de calcular los costos políticos de un respaldo público a Ortiz.
El affaire no puede leerse aislado del clima que atraviesa a la política cordobesa en las últimas semanas. La discusión sobre privilegios, protección de estructuras y silencio funcional a determinados apellidos reapareció con la difusión del caso de Ernesto "Cañito" Flores en Río Seco y, casi en simultáneo, con la denuncia y posterior detención de Omar Ludueña, asesor histórico de la Legislatura provincial ligado al radicalismo y al entorno de Alejandra Ferrero y Rodrigo de Loredo.
Que el escándalo alcance tanto al peronismo gobernante como a un bloque opositor con aspiraciones de 2027 explica, en gran medida, la cautela con la que ambos espacios manejaron sus respectivos frentes internos.
Esa cautela cruzada tal vez explique el silencio que mantuvieron De Loredo y Ferrero mientras crecía la crisis en Alta Gracia. La ausencia de declaraciones desde la Legislatura resultó, cuanto menos, llamativa en medio de una interna partidaria que en la última semana expuso carpetas cruzadas entre distintos espacios. Con Ferrero todavía dando explicaciones por el caso Ludueña, cualquier señalamiento hacia el peronismo corría el riesgo de leerse como un búmeran hacia el propio bloque.
El affaire también reabrió una lectura sobre el lugar real de Ortiz dentro del armado provincial. Pese a la asociación mediática con el torrismo, su lealtad histórica corre por otro carril: milita desde hace años en el espacio de Martín Llaryora, a quien acompañó incluso en la interna de 2019 frente al propio Marcos Torres, y su llegada a la vicepresidencia de Cormecor pareció responder más a una necesidad de despejarlo de la escena municipal que a un premio del riñón torrista. Esa distancia real facilitó que la conducción local resolviera el problema con rapidez y sin costos internos.
El resultado es un oficialismo que evitó, por ahora, una ruptura de bloque, pero que exhibe una gestión tensionada por sucesivas denuncias y una sociedad que empezó a ejercer una suerte de justicia paralela sobre figuras que hasta hace poco parecían intocables.
La salida de Ortiz cierra, en lo inmediato, un frente de conflicto puntual, pero deja instalada una pregunta que excede a Alta Gracia y que tanto el peronismo como el radicalismo deberán responder en la previa a 2027: qué margen queda para la autocrítica cuando el costo político de mirar para adentro es, en los dos espacios, igual de alto.
