En junio del 2022 una tragedia terminó con la vida de Mauricio Waldemar López, un joven de 31 años que trabajaba en Cord-Mold, una metalúrgica que pertenece a la familia de Javier Pastore, el exjugador de Talleres y PSG que el presidente albiazul, Andrés Fassi, eligió para que sea el embajador de la entidad de barrio Jardín.
La investigación cayó en manos del fiscal Tomás Casas quien, después de numerosos peritajes, testimonios de otros trabajadores y pruebas recolectadas decidió elevar a juicio la causa y sentar en el banquillo a Juan Carlos Pastore, Patricia Coseani y Ariel Pastore, es decir, padre, madre y hermano del exjugador de fútbol.
Sin embargo, después de una apelación de la familia del embajador de Talleres, el proceso judicial quedó firme en contra del padre y el hermano de Pastore quienes, en una gravísima conducta de desprecio por la vida del operario, con el que, además, tenían una relación personal creyeron que era una buena salida un resarcimiento económico de 10 millones de pesos.
Propuesta que encontró la inmediata negativa por parte de la familia de López, quienes desde el arranque desestimaron la hipótesis de “accidente laboral”, debido a que, de acuerdo con las pruebas los dispositivos de seguridad de la fábrica, entre ellos el de la propia fresadora donde murió López no funcionaban de manera correcta.
Por eso, se destaca lo expresado por la jueza Mónica Traballini a la hora de rechazar la insólita propuesta de la familia de Pastore. La magistrada expresó: “resulta claramente insuficiente para compensar el daño patrimonial y no patrimonial supuestamente causado por la muerte de un hijo. Solo computando este último, a la luz del criterio seguido por el actual Código Civil y Comercial de la Nación, la suma alcanzaría, por ejemplo, para adquirir cada uno una motocicleta 0 km de baja cilindrada, o entre ambos un vehículo usado de gama media/baja con más de 100.000 km”, apuntó la jueza.
“Se trata de valores que no pueden considerarse compensaciones sustitutivas de semejante pérdida afectiva. Y ello, insisto, dejando fuera el daño patrimonial”, agregó Traballini.
Y dejó un cierre en el que la familia Pastore queda aún en una situación todavía más compleja, porque la jueza Traballini sostiene que con un simple análisis los montos ofrecidos son desproporcionados y frente a esto los involucrados deben acreditar una estrechez económica que no les impida mejorar la oferta. Algo que, en el caso de la familia Pastore, no parece ser el caso.
