Andy Ferreyra
El gobierno de Martín Llaryora solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que fije la fecha de jura de las nuevas autoridades de la Procuración Penitenciaria provincial y propuso los días 26, 29, 30 de junio o 1 de julio. El organismo fue creado por ley en diciembre de 2025 y nunca llegó a funcionar.
De ese acto estará ausente el fiscal Iván Rodríguez, cuyo pliego como Procurador Penitenciario Adjunto ya cuenta con aval legislativo. Su situación cambió radicalmente tras el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada por Claudio Barrelier. Rodríguez es el fiscal que en mayo de 2025 liberó a Barrelier a los 20 días de detención -con una fianza de cinco millones de pesos- cuando estaba imputado por privación ilegal de la libertad agravada de otra mujer. La causa quedó abierta y sin resolución durante más de un año.
Jurarán Betina Croppi como Procuradora General, y las adjuntas Guadalupe Trillo Pellizari y María Florencia Degano, junto a Melani Mattia como secretaria técnica. La incorporación de Croppi al nuevo organismo libera su lugar en la Fiscalía General, que ocupará Néstor Gómez, hombre de confianza del gobernador. Ese movimiento es, para buena parte del arco político, el verdadero objetivo detrás de la puesta en marcha del organismo.
La oposición (UCR, Frente Cívico, PRO, La Libertad Avanza y otros bloques) formalizó pedidos de jury contra Rodríguez y contra el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación del femicidio. A Rodríguez se le cuestiona haber dejado impune durante más de un año una causa por violencia de género que protagonizó el mismo hombre que luego mató a Agostina. A Garzón se le reprocha la demora en los allanamientos, la tardanza en activar el Alerta Sofía y su manejo público del caso, en particular una conferencia de prensa donde describió el crimen como "homicidio".
El jury no tiene plazos fatales. Una vez superada la revisión formal de las denuncias, el proceso exige la remisión de actuaciones por parte del propio Ministerio Público Fiscal, sin fecha estimada para que el Jurado de Enjuiciamiento se expida. Esa dilación estructural es la que permite al Ejecutivo administrar el costo político: excluir a Rodríguez del acto inaugural es una concesión calculada, no una sanción. El fiscal mantiene su cargo, sus funciones y -por ahora- su futuro en la Procuración en suspenso, a la espera de una tormenta que el oficialismo confía en que amaine antes de que el jury avance en serio.
