El tribunal los encontró culpables de negligencia grave y mal desempeño en sus funciones durante los casi 20 años que duró la instrucción del caso en Río Cuarto. Con este fallo, los funcionarios quedan apartados de sus cargos e inhabilitados para ejercer en la justicia provincial. El fallo fue por unanimidad y el jurado lo integraron los legisladores del oficialismo, Julieta Rinaldi y Facundo Torres, el juecista Walter Gispert, el radical Miguel Nicolás y la vocal del TSJ, Aída Tarditti.
La acusación, liderada por la fiscal general adjunta Bettina Croppi, sostuvo que hubo "desidia" y una "renuncia deliberada a la búsqueda de la verdad".
Se les cuestionó no haber profundizado en la línea de investigación sobre Roberto Bárzola (un obrero que trabajó en la casa), a pesar de que existían rastros de su ADN en la escena del crimen, detectados finalmente a finales de 2024.
El proceso resaltó cómo la investigación se centró injustificadamente en el entorno íntimo de la víctima, imputando en su momento al hijo de Nora, Facundo Macarrón, y llevando a juicio al viudo, Marcelo Macarrón, quien fue absuelto.
El fallo subrayó que los fiscales prefirieron realizar una "condena moral" a la víctima en lugar de perseguir penalmente al asesino.
Todo esto, sin embargo, no cierra el capítulo de la política. Anoche, el abogado defensor de Miralles dijo que esto “es una explosión institucional” y agregó: “no es jurídico el tema, es político”.
