
La detención de una ex secretaria de Llaryora, la causa que preocupa al peronismo
Gabriel Silva
El primer semestre ocasionó una serie de cimbronazos entre la Justicia y el cordobesismo que tuvieron el pico más alto con el femicidio de Agostina Vega, la causa por la que se conoció que el principal acusado, Claudio Barrelier, tenía aceitados vínculos con el peronismo. No sólo a la hora de desempeñarse como parte de la escuela de tránsito municipal, en la zona sur de la Ciudad; sino también para que se lo salvara de “una cagada”, como definió el ahora ex concejal Ricardo Moreno la tarea por la que se tuvo que hacer cargo en una causa de abuso que el presunto femicida protagonizó en el 2025.
Situaciones por las que Moreno dejó de ser parte del Concejo Deliberante.
Sin embargo, en medio del estallido que provocó el crimen de Agostina, hubo dos intervenciones de la Justicia que quedaron casi solapadas: la primera, un allanamiento a la escuela de tránsito que contó El Búnker en su momento, en una causa en manos de la fiscal Paula Bruera; y la segunda, otro operativo de la Justicia en el CPC de barrio Jardín que terminó con dos detenidos. Investigación del fiscal Ernesto de Aragón.
En ambos casos, el móvil era el mismo: el expendio de carnets de conducir truchos.
No obstante, el segundo caso reviste una particularidad que inquieta y que llevó, incluso y después de lo sucedido con la explosión de fotos del Facebook de Barrelier, a borrar varias de las que tenían en sus redes los detenidos por la causa del CPC Jardín.
Ellos son Ivana Wilfarst y Pablo Vega. Hasta acá, dos desconocidos. No así para los que conocen la política capitalina y, sobre todo, el microclima del PJ en la zona sur de la Ciudad.
Wilfarst integró la secretaría privada del actual gobernador Martín Llaryora cuando el mandatario provincial fue intendente de la capital cordobesa. Pero, además, Wilfarst es hija de Marta Delgado, una histórica dirigente de ese sector de la ciudad y que fue una de las primeras que le abrió la puerta a Llaryora en el populoso barrio Villa El Libertador.
De hecho, en esa porción de la ciudad se creó la Asociación Civil Marta Delgado con la que colaboran varios integrantes de la primera línea de la generación heredera del cordobesismo.
Vega, en tanto, tiene relación también con las 62 Organizaciones, al igual que Barrelier, y un buen vínculo con Juan Domingo Viola, el secretario de Participación Ciudadana de la gestión de Passerini, pero que viene en ese rol desde la administración Llaryora. Es más, la creación del CPC Barrio Jardín se logró bajo la gestión de Viola y mucha gente cercana al hombre de Villa Azalais forma parte de ese esquema.
Cuando empezaron los ruidos dentro de la repartición por la investigación que lleva delante de Aragón, Vega encontró calor un tiempo en un centro operativo. Otra creación del cordobesismo en la Ciudad.
Vega es, además, un hombre con peso en el Suoem donde siempre respaldó la lista naranja de Ariel Quiñone, el dirigente que en varias ocasiones quiso destronar a ‘la verde’ de Rubén Daniele y perdió.

Fin de feria judicial y un regreso a fiscalía
La investigación comenzó a principios de año y tiene a una veintena de imputados. Según se desprende de la misma, se otorgaban licencias de conducir omitiendo pasos fundamentales como el examen médico o el teórico, o lo que es peor, se investiga si se otorgaron licencias a personas que no sabían manejar.
En los distintos allanamientos en varios puntos de la ciudad se llevaron hasta impresoras que estaban en hogares donde la función no tendría las características de un uso doméstico. Lo que contribuye a otro dato central de la causa que es la validez oficial de las licencias porque eran entregados con la misma homologación del Municipio.
También lo que se trata de determinar es si había un pago en efectivo a cambio -hasta ahora no se pudo saber-, o si la contraprestación estaba más vinculada a un favor político.
Esta semana la causa debe volver al despacho del fiscal De Aragón luego de haber permanecido algunas semanas en un juzgado de control a raíz de un pedido que hicieron las defensas de Wilfarst y Vega, que buscaron la nulidad de las detenciones.
Por ahora, sigue el peinado de redes sociales a la espera de cómo continúe la investigación.


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