Llaryora apura un proyecto anti-naranjita y sienta en la mesa a Prunotto con Quinteros y Passerini

A poco más de un año de la elección provincial, el gobernador Martín Llaryora agarró la iniciativa con la que presiona hace años la oposición y anunció el envío de un proyecto por los naranjitas a la Unicameral. 

Iniciativa que se empezó a discutir a fondo hace unos días en El Panal y en una reunión que involucró a la vicegobernadora Myrian Prunotto; al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; al presidente provisional de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas y al intendente Daniel Passerini. Además de la presencia del ministro de Comunicación, Daniel Pastore, y el jefe del bloque oficialista, Facundo Torres.

“Vamos a impulsar una ley que prohíba los naranjitas ilegales y los limpiavidrios en toda la provincia. En ese marco, vamos a respetar y fortalecer la autonomía municipal, tal como lo establece la Constitución”, dijo y agregó que “serán los municipios quienes definan si autorizan o no la actividad de los naranjitas en sus jurisdicciones”, misma respuesta que hace un par de años el peronismo en la Unicameral le dio al legislador opositor, Gregorio Hernández Maqueda.

De hecho, el integrante del bloque unipersonal dijo en sus redes: “con este anuncio, se cierra una etapa. Tras más de tres años de lucha ininterrumpida, con banca y sin banca, logramos que un Gobernador de Córdoba reconozca la grave situación que atravesamos los cordobeses con la extorsión en el espacio público por parte de naranjitas y limpiavidrios. Esto sólo ya representa un progreso notable”.

Y marcó una fuerte diferencia contra el oficialismo que habla de la ilegalidad de los naranjitas: “para nosotros, es innegociable la prohibición de naranjitas "legales" de cooperativas, como de los que ya son ilegales”.

En tanto, la también legisladora opositora, la juecista Nancy Almada dijo que “prohibir los naranjitas sin un plan real es puro humo”. “El problema de fondo es la ausencia total de la Municipalidad de Córdoba, que abandonó el control de las calles teniendo 30.000 empleados. No garantizan el orden urbano y ahora quieren colgarse de una noticia. En diciembre, cuando el Ministerio de Seguridad quiso "prohibir" para la foto, fui clara en la Comisión de Seguridad: si no tienen un plan para los delincuentes con chaleco, no hay nada que tratar. El municipio siempre tuvo la información de los legales y se la negó al vecino”.