El conflicto judicial se extiende y preocupa a varios despachos de la política y la justicia en Córdoba. Fundamentalmente porque en lo que va del año, en la Capital ya hubo 24 días sin actividad; y en el interior 27, con una serie de medidas de fuerza que se extendió durante todo el primer semestre y que erosiona, como otras aristas, la relación entre el Ejecutivo que encabeza el gobernador Martín Llaryora y el TSJ liderado por Domingo Sesin.
La ruidosa protesta de este jueves en Tribunales tuvo un nuevo impacto en esa relación, agravado porque se dio a conocer que se aplicarán descuentos por las jornadas de protesta que se realizarán hasta en cuatro cuotas por parte del TSJ. Aunque se convierte, además, en un condimento más que se incorpora al malestar de los judiciales con El Panal.
Enojo que radica en distintas cuestiones que van desde la Ley de Equidad jubilatoria que subió de 2 al 8% los aportes a la Caja de Jubilaciones; que, en la otra punta del conflicto, en El Panal pone la lupa en la cantidad de empleados que tiene el Poder Judicial en Córdoba y que, además, del lado de la Justicia suma también la furia de los magistrados que adhirieron a los reclamos con consigna propia: equiparación salarial con la Justicia Federal.
El conflicto se extiende; el ruido dentro del TSJ y la relación El Panal, también. Los interlocutores entre los despachos del Centro Cívico y Tribunales no están funcionando.
