Andy Ferreyra
A días del juicio oral contra el todopoderoso Oscar González, las familias de las víctimas de la tragedia de las Altas Cumbres cuestionaron la seguidilla de apariciones públicas del abogado defensor Miguel Ortiz Pellegrini, quien sostuvo en distintos medios que “hay manifiesta prueba de la culpa de la víctima”, en referencia a la docente Alejandra Bengoa, fallecida en el choque frontal del 29 de octubre de 2022.
Para los allegados a las víctimas, esa frase repetida en la antesala del debate no es un dato menor: temen que busque instalar un relato favorable al acusado antes de que el tribunal escuche la prueba, en un caso donde el peso político del imputado ha sido, desde el inicio, un factor tan determinante como la pericia accidentológica.
González no llega a este juicio como un ciudadano cualquiera. Fue presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, tercer hombre en la línea sucesoria del gobernador al momento del choque, y durante más de veinte años ocupó lugares de poder real en el peronismo cordobés: ministro de Gobierno con José Manuel de la Sota, jefe de Gabinete con Juan Schiaretti y armador territorial del PJ en el valle de Traslasierra, donde el propio juicio se llevará adelante.
Esa trayectoria explica por qué el proceso excede lo estrictamente judicial: es también el capítulo final de la caída de uno de los aparatos de poder más sólidos que tuvo el cordobesismo en las últimas décadas, ya sin el respaldo político de Schiaretti y con una nueva conducción del PJ, encabezada por Martín Llaryora, que no le debe lealtades, pese a las dudas de las familias víctimas.
Ese trasfondo alimenta las sospechas sobre el desarrollo mismo de la causa. En los casi cuatro años transcurridos desde el choque, dos de los tres integrantes de la Cámara Criminal debieron apartarse por vínculos con González, y el fiscal de Cámara titular hizo lo propio por ser su concuñado.
La instrucción quedó además bajo la responsabilidad de la fiscal Analía Gallaratto, que ahora deberá sostener en el debate oral la misma calificación de homicidio culposo agravado que construyó durante la investigación, sin haber avanzado hacia la figura de dolo eventual que sí aplicaron otras fiscalías cordobesas en casos viales de características similares en los últimos años.
Frente a ese escenario, Ortiz Pellegrini insistió en que la evidencia reunida durante la instrucción exime de responsabilidad a su defendido. Sostuvo que un registro fílmico y testimonios acreditan que la conductora del Renault Sandero realizó una maniobra de sobrepaso indebida, que circulaba sin licencia vigente desde 2019, y que fue ella quien invadió el carril contrario.
También negó que la oferta económica cercana a los 400 millones de pesos, propuesta por González durante la instrucción, implicara un reconocimiento de culpa, y la describió como una herramienta procesal ajena a la discusión penal.
El contraste entre el perfil político del acusado y la insistencia de su defensa en despolitizar el hecho es, para las familias, la clave de lectura del proceso que comienza el lunes. El juicio se llevará adelante ante tribunal unipersonal, sin jurado popular, a cargo del juez Santiago Camogli, en la Cámara del Crimen de Villa Dolores, cabecera del mismo territorio donde González concentró (¿y concentra?) poder durante décadas.
El debate se extenderá hasta el 27 de agosto, casi cuatro años después del choque que mató a Bengoa y dejó secuelas graves en su hija Marina y en su amiga Alexa Miranda. González, que enfrenta en paralelo una causa federal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, llegará al banquillo en libertad, acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, mientras la querella insistirá en el pedido de agravar la carátula a homicidio simple por dolo eventual.
