Andy Ferreyra
El Concejo Deliberante fue escenario este jueves de una secuencia política tan singular como reveladora. El bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba presentó para la sesión dos proyectos de resolución para solicitar a la Justicia Electoral -municipal y provincial- información sobre los aportes privados que financiaron las campañas de Luis Juez para la intendencia de Córdoba en 2003 y 2007 y para la gobernación provincial en ese mismo año. Pero después hubo blooper.
El movimiento tenía un contexto claro: días antes, el intendente Daniel Passerini había afirmado públicamente que "los empresarios de la parte más oscura de la noche de Córdoba financiaron esa campaña y lo dijeron públicamente", en referencia al actual senador nacional y precandidato a gobernador.
Lo que vino después no estaba en el guión. Los bloques opositores no resistieron los proyectos, sino que pidieron incorporarse como coautores y reclamaron su tratamiento inmediato sobre tablas. El concejal Martín Juez Corte, hijo del senador e integrante del cuerpo como vicepresidente tercero, tomó la palabra y ofreció lo que la política pocas veces produce: un opositor pidiendo que se investiguen las propias finanzas de su espacio y a su padre. "Busquen donde tengan que buscar, allanen donde tengan que allanar. Nosotros no somos corruptos", dijo el edil ante sus pares, y exigió que el cuerpo se expidiera en ese mismo momento. La concejala Villata pidió además votación nominal para que constara en actas quiénes votaban en cada sentido.
El resultado de esa votación fue una contradicción en público. Los mismos concejales del bloque Hacemos Unidos por Córdoba que acababan de suscribir los expedientes 13168 y 13169 votaron en contra de tratarlos sobre tablas. La moción de reconsideración también fue derrotada: los votos negativos del oficialismo superaron los dos tercios que hubieran permitido la aprobación inmediata. Ambos proyectos fueron enviados a comisión, sin plazo definido de tratamiento.
El cruce se produce en el momento de mayor tensión política de la gestión Passerini. El intendente lleva semanas trazando una estrategia que responsabiliza a sus antecesores no peronistas por las irregularidades detectadas en el circuito nocturno de la capital, en un contexto marcado por el femicidio de Agostina Vega, la detención de Claudio Barrelier y los cuestionamientos al Ente de Fiscalización y Control.
Passerini llegó a afirmar que el 90% de los 119 funcionarios y empleados exonerados durante su gestión correspondían a ingresos realizados durante la etapa en que Juez estuvo al frente del municipio. Los proyectos presentados este jueves se enmarcan en esa ofensiva discursiva.
Que el oficialismo haya impedido votar sus propias iniciativas le entregó a la oposición un argumento concreto que trasciende el debate sobre el financiamiento de campañas. Passerini había decretado apenas el 19 de junio la creación de la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública para centralizar la fiscalización de locales nocturnos, pero la oposición sostiene que las medidas institucionales no alcanzan cuando la cadena de mando del propio municipio está cuestionada.
La votación nominal de este jueves -con el oficialismo votando en contra de su propia iniciativa- quedó registrada en actas y difícilmente sea ignorada en el debate político de las próximas semanas. Para Martín Juez Corte, la síntesis fue directa: "cuando a ustedes los injurien hay que dar la cara. Acá le estamos dando".
