El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos destinado a dotar al Estado de una herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
La iniciativa establece un régimen administrativo y judicial que permitirá actuar de manera rápida, coordinada y proporcional sobre bienes que funcionen como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre inmuebles abandonados, desocupados o en estado de deterioro que faciliten la comisión de ilícitos o generen situaciones de peligro para la comunidad.
El proyecto, además, prevé un procedimiento de intervención temprana, con actas de constatación, informes técnicos, resoluciones fundadas y la posibilidad de adoptar medidas preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando el debido proceso y las competencias judiciales.
Esto fue anunciado en la mañana de este miércoles por el propio Llaryora junto al ministro de Justicia, Julián López, y el titular de la cartera de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
No obstante, dentro de la Unicameral, el PRO y la UCR reclamaron derechos de autoría sobre la iniciativa.
El primer proyecto presentado en este sentido dentro de la Legislatura fue el del radical Oscar Saliba. De hecho, esta mañana cuando el oficialismo dio a conocer la iniciativa de Llaryora, varios legisladores le mandaron un mensaje a Rodrigo de Loredo: “Rodrigo, Llaryora nos copió el proyecto del ‘Turco’”.
En tanto, desde el PRO, Agost Carreño anunció su propia iniciativa hace unas semanas atrás. El proyecto del amarillo propone, por ejemplo, crear un marco legal para identificar, intervenir y reutilizar socialmente los espacios que hayan sido usados en forma reiterada para actividades ilícitas. El objetivo, según plantea el texto, es evitar que esos lugares se consoliden como enclaves del crimen organizado y devolverlos a usos lícitos, comunitarios y socialmente útiles.
