A pesar de la pausa que logró el armado libertario en Diputados con respecto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Córdoba un legislador decidió agitar aún más la fricción generacional del cordobesismo. Porque, después de que el exgobernador y actual diputado nacional, Juan Schiaretti anunciará hace algunos días que Adorni no podía seguir siendo funcionario, en El Panal cerca de Martín Llaryora decidieron pisar la pelota.
Por eso, el legislador y hombre del PRO, Oscar Agost Carreño decidió darle un empujón a esa interna dentro del oficialismo cordobés. Lo hizo presentando un proyecto en el que insta a los peronistas del cordobesismo a tomar una decisión con respecto al funcionario mileísta.
“La presente resolución no pretende anticipar una conclusión sobre el resultado de esos procedimientos ni sustituir las atribuciones propias del Congreso de la Nación. Tampoco procura condicionar la decisión final que cada legislador nacional adopte en ejercicio de su mandato. Por el contrario, busca reafirmar la importancia de que las herramientas constitucionales de control sean efectivamente consideradas cuando han sido formalmente promovidas y reúnen la entidad suficiente para generar tratamiento parlamentario. La fortaleza de una república no depende únicamente de la existencia formal de mecanismos de control, sino también de la voluntad institucional de utilizarlos cuando las circunstancias así lo ameritan. Cabe destacar que algunos representantes y dirigentes políticos de relevancia nacional vinculados a la Provincia de Córdoba ya han expresado públicamente su posición respecto de la continuidad del actual Jefe de Gabinete de Ministros. Entre ellos, el ex gobernador Juan Schiaretti sostuvo públicamente que "Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más”, dijo Agost.
Y agregó que “la moción de censura no constituye una extravagancia institucional ni una herramienta ajena a nuestro sistema constitucional”.
El hombre del PRO además sostuvo que “la ciudadanía cordobesa tiene derecho a conocer cuál es la posición de sus representantes respecto de estos mecanismos constitucionales y a exigir que las herramientas de control previstas por nuestra Constitución sean analizadas con seriedad, responsabilidad y transparencia”.
