Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, decidieron inscribirse en el Régimen Simplificado de Ganancias ante la nueva agencia ARCA. Este trámite les da una ventaja clave conocida como "tapón fiscal", que prohíbe que el organismo recaudador revise lo que pasó en años anteriores. La decisión llama la atención ocurre porque justo cuando la Justicia pone la lupa sobre sus movimientos de dinero del 2025, año en el que realizaron compras y deudas que están bajo investigación.
Desde el círculo íntimo de Adorni aseguran que no hay nada oculto y que solo buscan facilitar los trámites administrativos. Según explicaron fuentes oficiales, con esta maniobra se gana tiempo operativo. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal. Sin embargo, la movida no frena el avance del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, quienes investigan un presunto enriquecimiento ilícito por la compra de casas, una camioneta y un polémico viaje en avión privado a Punta del Este.
La Justicia busca entender cómo el matrimonio pudo comprar un semipiso en Caballito y una casa de campo sin vender sus bienes anteriores, además de una deuda de 335.000 dólares que el vocero debe explicar cómo pensaba cancelar.
Ante las sospechas de un posible blanqueo, cerca del funcionario fueron tajantes: “No va a ser para blanquear dinero”. El argumento de la defensa es que parte de los fondos se justifican por la tenencia de criptomonedas, aunque los investigadores creen que podría haber más activos digitales sin registrador.
En el escenario político cordobés, donde el discurso contra los privilegios de la "casta" tiene mucho peso, este beneficio impositivo cae pesado. Mientras el ciudadano común enfrenta el ajuste, el Jefe de Gabinete utiliza una ley para "bloquear" revisión de períodos donde sus cuentas generan dudas. Por ahora, desde la Casa Rosada intentan calmar los ánimos prometiendo que la presentación de su declaración jurada es “inminente”.
El futuro de Adorni depende ahora de un informe contable que estará listo en las próximas semanas. Si el cruce de datos entre ingresos y gastos no cierra, el fiscal podría pedirle una justificación oficial de su patrimonio, lo que podría terminar en una citación a declarar ante el juez. Por ahora, el "tapón fiscal" le otorga un respiro ante los recaudadores, pero la presión de la Justicia federal sobre el bolsillo del vocero sigue aumentando.
