Gabriel Silva
La multiplicidad de aristas que tiene el femicidio de Agostina Vega en Córdoba permiten instar un reseteo urgente y un recalibre inmediato de la estructura del poder en la provincia. Con el notorio desgaste de varios resortes, el caso del crimen de la adolescente de 14 años expuso de manera muy nítida la connivencia que existe entre los gremios, el fútbol, la llegada al empleo público y el rol de la política, en un primer momento; y luego, con el asesinato perpetrado, la reiterativa presencia de determinados abogados en casos que complican al poder y una fiscalía que también, de manera muy casual, redunda en las causas complejas para el cordobesismo.
Nombres que se repiten; desenlaces que no cierran con conformidad a damnificados y víctimas y un sistema en jaque.
Donde, también y con un dato para nada menor, la carrera por la intendencia 2027 dejó un herido clave: el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Sobre todo, porque el alto perfil del integrante del gabinete llaryorista en estos dos años y medio contrastó de manera absoluta esta semana. Casi una bipolaridad entre el exultante ingreso del domingo al Kempes en medio de los hinchas de Belgrano a un hermetismo total en el comienzo de la investigación por la desaparición de Agostina.
Con una reaparición casi forzada el viernes, casi en el final de la investigación, y visiblemente incómodo en la polémica conferencia de prensa que encabezó el fiscal Raúl Garzón en las últimas horas del sábado. Algunos dicen que sería interesante saber cómo es la relación entre Quinteros y el fiscal, desde los tiempos en los que el actual titular de Seguridad caminaba Tribunales.
Lo notable también es cómo se metió de manera veloz en la conversación pública de las redes sociales el anclaje inmediato entre Garzón y causas complejas para El Panal, donde el primer linkeo directo es la Causa Neonatal. En un vínculo que además tiene a otro protagonista del drama de Agostina: el abogado penalista, Carlos Nayi.
Abogado de las víctimas del Neonatal, mismo rol ahora por el lado de la familia materna de Agostina y en una salida de los primeros abogados que fue bastante curiosa para los que conocen los pasillos de la Justicia en Córdoba.
Esa redundancia de Nayi como abogado de las víctimas en casos que complican al Estado provincial también es una de las maniobras que empieza a despedazarse con el caso Agostina.
El otro aspecto es el ingreso al sector público y un interrogante clave: ¿alguien va a dar la cara por el trabajo en el Municipio de Claudio Barrelier? ¿Alguien va a preguntar en la Secretaría General del Municipio, por qué se lo pasó a planta hace unos días? ¿Por qué y con qué antecedentes lo tomaron para el cargo? ¿A nadie le llamó la atención la ausencia del año pasado por tener que responder de manera penal por una grave denuncia de una mujer? Al parecer, no.
El rol del concejal y líder de las 62 Organizaciones, Ricardo Moreno, a la hora de garantizar un conchavo en el Estado municipal para Barrelier; y luego, ya inmerso en la desaparición de Agostina garantizar la defensa de acusado con su propio yerno como abogado defensor también amerita una revisión urgente.
Sin olvidar que la semana para la gestión de Daniel Passerini fue durísima. Porque al revés social de los automovilistas al nuevo sistema de estacionamiento medido le explotó también esto, el empleo de Barrelier en el Municipio y el Facebook del detenido con amplio álbum de fotos con importantes dirigentes del cordobesismo.
Con una administración que vuelve siempre a la recordada frase de Massa durante el gobierno de Alberto F: “no nos entra un quilombo más”.
Por todo lo dicho, la reconfiguración de la ingeniería del poder en Córdoba es urgente. Un fiscal que sin autocrítica que reta y habla constantemente en tono imperativo, un jefe de fiscales de viaje en República Dominicana, un abogado curiosamente mediático, un ministro que pasa de los flashes al hermetismo dependiendo del impacto en las encuestas y un desgaste cada vez más notorio.
