Andy Ferreyra
El escándalo por la adjudicación de créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina reactivó un debate de alto voltaje político sobre los criterios de acceso a financiamiento para la vivienda en entidades públicas. Las revelaciones sobre beneficiarios y posibles vínculos con el poder encendieron alarmas a nivel nacional y pusieron en agenda la necesidad de transparentar los mecanismos de otorgamiento. En ese contexto, Córdoba empieza a quedar bajo observación por su propio esquema de créditos.
En 2022, y bajo la última gestión del exgobernador Juan Schiaretti, el Banco de Córdoba lanzó la línea “Casa Bancor Tasa 0%”, una propuesta que permitía financiar hasta el 100% del valor de una vivienda a 20 años de plazo. Aunque presentada como una alternativa accesible, el esquema incluía actualización por UVA, lo que ataba las cuotas a la inflación. El programa representó, en su momento, una política agresiva de acceso al crédito hipotecario en un contexto de restricciones en el sistema financiero.
Sin embargo, el escenario cambió de manera sustancial. A partir de 2024 y consolidado hacia 2025, Bancor discontinuó la línea a tasa 0% y migró hacia nuevos créditos ajustados por UVA con tasas reales de entre 6,9% y 8,9% anual, además de reducir el financiamiento máximo al 75% del valor del inmueble. La modificación implicó un giro en las condiciones de acceso, en línea con el endurecimiento general del crédito en la Argentina.
En el cruce entre ambos modelos aparece un nombre clave: Daniel Tillard. El actual dirigente bancario ocupó la presidencia de Bancor durante la implementación de la línea Casa Bancor y posteriormente pasó a liderar el Banco Nación, hoy en el centro de la controversia e investigado por las denuncias presentadas en la Justicia federal. Su doble rol en dos de las principales entidades públicas del país lo posiciona como un actor central para entender la lógica de adjudicación de créditos en ambos niveles.
