Andy Ferreyra
Oscar González fue condenado y, en términos políticos, ya no tiene a dónde volver. El juez Santiago Camogli lo declaró autor de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la tragedia de las Altas Cumbres, ocurrida el 29 de octubre de 2022. Le impuso tres años de prisión condicional y ocho de inhabilitación para conducir. No irá a la cárcel por esta causa. Pero la sentencia cierra la vida pública de un dirigente que pasó más de tres décadas en cargos provinciales y nacionales: ministro, legislador, jefe de Gabinete, presidente provisorio de la Legislatura.
En el Gobierno de Córdoba lo leen sin dramatismo. La postura oficial es que el fallo es un alivio: el tema se cierra a pocos meses de la elección. Sostienen que González quedó afuera de la estructura de poder hace tiempo, que no integra la generación que conduce el peronismo y que nunca fue un hombre del entorno de Martín Llaryora. “No existe más aquel Oscar González”, es la síntesis que hacen en la Provincia.
El diagnóstico territorial es más duro. Según esa lectura, González llegó a conducir políticamente San Javier, San Alberto y Pocho, con influencia en Cruz del Eje, y hoy ya no maneja ni San Javier. Los intendentes dejaron de responderle. “No tiene más votos”, sentencian. De ahí deducen que el caso no tiene capacidad de daño real. Puede incomodar, pero no tumba. Admiten que la oposición intentará pegarlo al oficialismo, y consideran forzado ese vínculo.
La oposición hace la lectura inversa. Luis Juez posteó: “La vergüenza y la impunidad hoy tienen nombre: Oscar González”. Gabriel Bornoroni denunció un sistema de poder pensado para proteger a lo peor del PJ. Rodrigo de Loredo advirtió que los privilegios están resguardados por los caciques peronistas. El bloque radical exigió que se esclarezcan los privilegios, los posibles encubrimientos y las responsabilidades políticas de quienes debían controlar. La maniobra es clara. Busca correr el eje desde la culpa individual de González hacia la responsabilidad política del oficialismo. Ese cuadro de campaña ya suma el caso Agostina, los asesores de “Cañito” Flores y la causa Bomberos.
El costado económico agrava el costo político. El juez condenó a González y a la Provincia a pagar más de $2.010 millones a las tres víctimas, muy por debajo de los más de $11.000 millones reclamados. El legislador Oscar Agost Carreño (PRO) advirtió que la factura comprometerá recursos de todos los cordobeses. La sentencia también cargó a las víctimas con entre el 50 y el 80 por ciento de las costas civiles. No se ejecutan, porque litigan sin gastos.
El caso sigue abierto en lo judicial. Los fundamentos se leerán el 12 de noviembre a las 12. La querella anticipó que insistirá con el dolo eventual. La defensa lo leyó como un avance frente a ese pedido y evalúa recurrir. En la Justicia federal continúa, además, la causa por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a cargo del fiscal Maximiliano Hairabedian.
¿Qué le queda a González? Contactos, memoria territorial y vínculos en Tribunales, como a todo cacique de larga data. Puede opinar, aconsejar y mover piezas en Traslasierra. Lo que ya no tiene es la posibilidad de hacerlo a cara descubierta. Ningún candidato querrá su foto. Ninguna estructura partidaria querrá su firma. El peso de una condena por la muerte de una persona, el reproche social que lo acompaña desde 2022 y una edad avanzada, que el propio juez ponderó como atenuante, lo dejan sin margen para volver.
González deja de ser un dirigente para ser un caso. Quedará como el cacique del oeste condenado en su propia tierra, el que no logró despegarse del privilegio ni de la sospecha. Sin cargo, sin territorio visible y sin un partido que lo exhiba, su ciclo político concluyó. Lo que venga será una sombra de influencia, no política pública.
