Andy Ferreyra
Hay normas que se aprueban con el recinto lleno y otras que se firman cuando la ciudad ya mira el calendario de las fiestas. El convenio urbanístico que habilitó las Torres DÚO en el predio del Córdoba Shopping lleva fecha del 30 de diciembre de 2018, a una jornada del cierre del año administrativo y a menos de doce meses del final del mandato de Ramón Mestre. El dato, por sí solo, no prueba irregularidad alguna. Pero obliga a preguntar por qué una excepción de esta magnitud se resolvió en el tramo del año en que la atención pública es mínima.
La dimensión de la excepción surge de las cifras oficiales. La Ordenanza 8256/86 fija en 10,50 metros la altura máxima del sector, equivalente a planta baja y dos pisos. El proyecto prevé dos torres de 14 pisos y unos 45 metros, con 256 departamentos. En 2018, la Municipalidad calculó que la plusvalía a cargo de IRSA era de 16.209.489 pesos, destinada a dos dispensarios de unos 300 metros cuadrados cada uno. Según La Tinta, la autorización alcanzó a 30.000 metros cuadrados construibles, a cambio de obras por menos de 600.
En el otro lado del mostrador están dos apellidos conocidos del empresariado local y nacional. Eduardo Elsztain, titular de IRSA, es dueño del predio y del shopping, y su compañía se presenta como la mayor inversora inmobiliaria del país. Lucas Salim, CEO de Proaco, es quien ejecuta la obra. En 2018, ante La Voz, Proaco admitió que había asesorado a IRSA, negó ser la impulsora del plan y dijo que tendría prioridad para decidir si se sumaba, en caso de aprobación.
Cinco años después, Salim defendió ante vecinos y medios un proyecto que ya era suyo. Según La Tinta, su empresa intimó por escrito al Centro Vecinal de Parque Chacabuco y a toda persona que promoviera un amparo, bajo apercibimiento de iniciar acciones por daños y perjuicios. Los vecinos, de todos modos, presentaron el amparo.
El vínculo de Salim con el poder político no depende de una gestión. Integra la comisión directiva de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos (Ceduc). En octubre de 2023, como lo informó en su propia cuenta de Instagram, esa comisión fue recibida por Daniel Passerini cuando era intendente electo. Salim destacó el “respeto a la seguridad jurídica” que el futuro jefe municipal prometió a quienes invierten. En mayo de 2024, el intendente asistió a la inauguración de Casa FOA en Pocito, otro emprendimiento de Proaco, y celebró la “interacción del capital privado y de un Estado que está presente”. Antes, en noviembre de 2023, Salim figuraba entre los beneficiarios de los doce convenios urbanísticos que el oficialismo de Martín Llaryora buscó aprobar a las corridas: uno de ellos, de 36 hectáreas junto a la Universidad Siglo 21, modificaba otro presentado en 2016, durante la gestión de Mestre.
Hay un segundo círculo, más técnico. Según La Tinta, el aviso de proyecto de las torres lo presentaron profesionales de apellido Vanoli: el esposo (Gustavo Daniel) de Gabriela Faustinelli y sus hijos Jeremías y Lucas Vanoli Faustinelli. Faustinelli fue secretaria de Ambiente municipal entre 2011 y 2015 y asesora ambiental de Mestre hasta 2019. Su hermano, Hipólito Faustinelli, integraba el directorio de Vialidad de la Provincia en 2018, durante el gobierno de Juan Schiaretti. Ninguna resolución judicial califica esos vínculos y el material no recoge una respuesta de los mencionados. Son hechos que la Justicia, o los propios involucrados, podrían aclarar.
Una vecina de la asociación civil de Villa Cabrera, en diálogo con El Búnker, lo resume con una frase: “El poder político terminó favoreciendo al poder económico”. Y agrega un matiz: “Nosotros no nos hubiéramos puesto en contra si hubiese sido de cuatro pisos”.
La Cámara Contencioso Administrativa de 1.ª Nominación reconoció el carácter colectivo del amparo ambiental por Auto n.° 353, del 14 de agosto de 2026. Los demandantes sostienen que nunca hubo una evaluación de impacto suficiente ni una audiencia pública. El Centro Vecinal de Villa Cabrera informó que, de cinco pedidos de acceso a la información pública, presentados entre febrero y mayo, solo uno obtuvo la documentación solicitada. Otro se respondió con el expediente de una obra de Chateau Carreras.
El convenio de Mestre fue refrendado el 27 de diciembre de 2022 por una comisión revisora creada por pedido de Llaryora. En junio de 2024, el Ministerio de Ambiente provincial resolvió que la obra no requería licencia ambiental. En septiembre de ese año, bajo la administración de Passerini, la Municipalidad expidió los permisos. Hoy sus abogados defienden la autorización en tribunales.
Desde Desarrollo Urbano, el municipio rechazó que exista una “postura coincidente” con la de Mestre: sostiene que se cumplió un convenio ratificado por ordenanza y que su contraprestación se ejecutó en la gestión anterior. Passerini, por su parte, define su política como “densificación controlada”. La secuencia incluye a un intendente radical, a uno peronista, a un gobernador del mismo signo y a un ministerio provincial. Ninguna fuerza política aparece del lado de los vecinos.
La coincidencia no es una anomalía de este caso. Organizaciones vecinales contabilizaron 54 convenios urbanísticos aprobados desde 2012, con la mayoría automática que otorga a los oficialismos la Carta Orgánica. En noviembre de 2023 ingresaron doce a la vez, con excepciones para 380 hectáreas. En septiembre de 2025, la Ordenanza 13.557 amplió los instrumentos de concertación público-privada.
Para cualquier gestión, estos acuerdos ofrecen obra sin gasto directo y buena relación con el sector de la construcción. La pregunta es si el beneficio público se mide con el mismo rigor que el privado, y si algún interés particular, ajeno al debate urbanístico, intervino en cada autorización. Un negocio de esta escala justifica saber quién lo propuso, quién lo evaluó y quién lo firmó.
Queda la relación entre dinero y política. La normativa nacional prohíbe a las empresas aportar a las campañas, de modo que cualquier vínculo debería buscarse en otros registros: aportes de personas humanas, directivos o allegados, publicados por la Justicia Electoral. Nada en el material permite afirmar que esa conexión exista.
Tampoco la descarta, y por eso corresponde revisar esos registros con el mismo detalle con que se revisan los planos. Las partes volverán a reunirse en una nueva audiencia de mediación, y los camaristas Leonardo Massimino, Francisco Gordillo Saravia y Gabriela Cáceres deberán resolver si hacen lugar a la cautelar. La respuesta dirá si en Córdoba un convenio urbanístico puede ser revisado por la Justicia cuando la política, de uno y otro signo, prefirió no hacerlo.
