Parece un estigma, pero cada vez que el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini se muestran juntos en la Ciudad, algo ocurre en la gestión capitalina que no contribuye a la construcción electoral 2027. Ahora, lo que sucedió fueron los problemas con la recolección de residuos este jueves que no mostraron un funcionamiento normal y esto derivó, por un lado, en el enojo del Surrbac sobre las versiones de una medida de fuerza; por el otro, con la decisión del arco opositor en el Concejo Deliberante de pedir informes.
Desde temprano hubo barrios en Córdoba que no tuvieron una recolección normal y esto se reflejó en el malestar de los vecinos. La primera versión fue una medida de fuerza del gremio; cuya respuesta por parte del sindicato que siguen controlando los Saillén fue determinante.
“El Surrbac no se encuentra ejecutando ninguna medida de fuerza. Insistimos en algo que ya hemos dicho en otras ocasiones: la falta de organización, planificación y respuestas por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para la correcta prestación del servicio no puede trasladarse a los trabajadores. Nosotros sólo ejecutamos tareas”, lanzaron en un comunicado desde el sindicato.
En tanto, desde el Concejo Deliberante, el juecismo elevó un pedido de informes que apunta a conocer qué plan de contingencia puso en marcha el Municipio para evitar la acumulación de residuos en la vía pública y si se dispusieron operativos especiales, servicios de emergencia o mecanismos alternativos de recolección.
También pidió medidas sanitarias y puso la lupa en el costo del servicio en este tipo de contingencia para el Municipio. “¿Se paga el servicio, aunque no se preste?”, dicen en el bloque que comanda Graciela Villata.
“El bloque quiere saber si, durante los períodos en los que la recolección se encuentra total o parcialmente interrumpida, las empresas prestatarias perciben la totalidad de las sumas previstas contractualmente”, dijeron.
