La fiscal Ingrid Vago ordenó la detención de Omar Ludueña, empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba y asesor del bloque radical, en el marco de una causa por presuntos abusos sexuales contra una menor, iniciada en 2017.
Desde el radicalismo, la legisladora Alejandra Ferrero aseguró que el bloque tomó intervención al conocer la denuncia: realizó una presentación judicial y pidió a la vicegobernadora el apartamiento de Ludueña y la adopción de medidas disciplinarias.
Ferrero señaló que el bloque no puede disponer directamente su despido debido a que pertenece a la planta permanente de la Unicameral. Además, explicó que el empleado realizaba tareas administrativas y relevamientos de datos dentro de la oficina.
El caso vuelve a poner el foco político sobre los mecanismos de ingreso, permanencia y control del personal legislativo. Ferrero planteó la necesidad de “extremar los controles” sobre los antecedentes de quienes ingresan a la Legislatura.
