En un notable cambio de paradigma del presidente Javier Milei sobre la relación con Reino Unido y el reclamo por la soberanía de Malvinas, el libertario avanzó anoche en un paquete de medidas para reactivar la potestad del Estado argentino sobre las islas. Con el anuncio de restricciones para las empresas británicas que operen en territorio continental argentino sin un aval de nuestro país y amenazando con sanciones a todas las firmas involucradas, de forma directa o indirecta, en actividades comerciales o de extracción en las islas que no cuenten con aval del Estado argentino.
El Poder Ejecutivo enviará la próxima semana el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El objetivo principal es modificar la legislación vigente (Ley 26.659) para endurecer significativamente las penas contra la explotación ilegal de recursos.
Se publicó en el Boletín Oficial un decreto que obliga a todos los organismos estatales a derivar de forma inmediata a la Cancillería cualquier información sobre actividades ilegales en la zona para agilizar las penalizaciones.
Además, se ampliará el presupuesto del Ministerio de Defensa con el fin de avanzar en la reactivación y finalización de la Base Naval Integrada en el extremo sur del país, buscando robustecer la capacidad logística y de telecomunicaciones en el Atlántico Sur.
En su discurso, Milei ratificó la posición histórica del país al definir a los isleños como una población implantada, enfatizando que sus referéndums locales no tienen legitimidad jurídica para definir la soberanía territorial.
El anuncio, por el momento no tuvo un impacto entre los gobernadores, a excepción de Gustavo Melella, el de Tierra del Fuego. En tanto, en Córdoba hubo hermetismo por ahora del gobernador Martín Llaryora.
