Arias asume como juez electoral y deja al juecismo ladrando a la luna: la UCR se cortó sola y Bornoroni no dijo nada

La Legislatura de Córdoba aprobó el pliego de Guillermo Arias para el Juzgado Electoral con un respaldo que excedió ampliamente al oficialismo. El resultado desnudó una oposición fragmentada, incapaz de sostener un frente común contra la designación pese a las advertencias que había planteado durante semanas. Solo el Frente Cívico, conducido por Walter Nostrala y referenciado en el senador Luis Juez, votó en contra. La izquierda, fiel a su costumbre en este tipo de pliegos, se abstuvo. El resto del arco político, incluida la UCR, terminó dándole los votos.

La escena contrasta con la ofensiva discursiva que había desplegado Juez en las semanas previas. El senador había cuestionado el "secretismo" de las entrevistas del Consejo de la Magistratura, reclamado la transmisión pública del proceso y calificado a Arias como "un puntero político, militante y empleado del PJ". Incluso eligió la fecha de la votación, coincidente con el aniversario de las cuestionadas elecciones de 2007, para instalar una épica de resistencia institucional. Sin embargo, esa épica no encontró correlato en los números del recinto: el juecismo quedó absolutamente solo.

Otro dato político que profundiza ese aislamiento es la posición de Gabriel Bornoroni, socio político de Luis Juez en la construcción de un espacio opositor con proyección hacia 2027. Pese a los fuertes cuestionamientos que el dirigente libertario ha formulado contra el Gobierno de Córdoba y a su confrontación habitual con la gestión de Martín Llaryora, Bornoroni no hizo crítica alguna a la designación de Arias ni acompañó públicamente la ofensiva del senador. En un escenario en el que Juez buscó convertir el nombramiento en una disputa institucional contra el oficialismo, la ausencia de Bornoroni terminó dejando al juecismo todavía más aislado.

El caso de la UCR resultó el más ilustrativo. Durante todo el proceso, los radicales insistieron con las mismas objeciones que el Frente Cívico: la falta de transparencia en las entrevistas, la ausencia de un representante opositor con voto en el Consejo de la Magistratura y la concentración de designaciones judiciales en dirigentes cercanos al peronismo. El bloque radical llegó a acusar al gobernador Martín Llaryora de "peronizar la Justicia". Pero, a la hora de definir, el radicalismo no encontró argumentos sólidos para votar en contra de la persona concreta de Arias.

Esa disonancia entre el discurso crítico y el resultado final quedó expuesta en el propio debate interno del bloque radical. Los legisladores reconocieron que carecían de un fundamento consistente para rechazar a un candidato que había obtenido el primer lugar en el orden de mérito, que superó una extensa entrevista sin objeciones sustanciales y que contó con el aval de sus propios representantes en el Consejo de la Magistratura. El propio Diego Frossasco, candidato de extracción radical, quedó segundo en el concurso de forma transparente, lo que privó a la UCR de un argumento corporativo para la negativa.

La posición adoptada frente a Arias también contrasta con un antecedente reciente que involucra al propio juecismo. El Frente Cívico acompañó el pliego de Carlos Rubén Lezcano como fiscal general de la Provincia de Córdoba, pese a que se trataba de un candidato propuesto por el oficialismo. La decisión adquiere una dimensión particular por la historia que une a Lezcano con Luis Juez: ambos fueron socios en un estudio jurídico y compartieron militancia política hasta que sus caminos se bifurcaron en 2003, cuando Juez decidió enfrentar a José Manuel de la Sota y Lezcano optó por permanecer dentro del esquema del peronismo.

Lezcano pasó así de ser socio y amigo de Juez a convertirse durante años en uno de sus adversarios políticos. Sin embargo, cuando el oficialismo impulsó su designación como fiscal general, aquellos viejos enfrentamientos quedaron, al menos en esa instancia, relegados. El juecismo terminó acompañando el nombramiento.

El antecedente introduce una contradicción difícil de soslayar en el discurso actual del Frente Cívico. Mientras Juez cuestiona a Arias por su presunta cercanía con el peronismo y plantea reparos sobre la independencia de la Justicia, su espacio votó a favor de Lezcano para conducir el Ministerio Público Fiscal, a propuesta del mismo oficialismo al que ahora acusa de avanzar sobre la estructura judicial.

El resultado del pliego de Arias deja una fotografía política elocuente: la oposición cordobesa mostró capacidad de instalar un cuestionamiento mediático y comunicacional sobre el proceso de selección, pero no logró traducir esa crítica en un bloqueo efectivo de la designación. El Frente Cívico terminó protagonizando un gesto de resistencia solitaria, funcional más a la construcción de un relato de cara a 2027 que a una disputa real de poder en la Legislatura. La UCR, por su parte, optó por el pragmatismo territorial antes que por la confrontación con el oficialismo.

El propio arco opositor reconoció, puertas adentro, que enfrentarse sin argumentos sólidos al nuevo árbitro del proceso electoral de 2027 no ofrecía ningún rédito político inmediato. Varios bloques cuentan con intendencias y estructuras municipales que dependen, en distintas instancias, de la relación con la Justicia Electoral.