Andy FerreyraLa Legislatura de Córdoba aprobó, con los 34 votos del oficialismo y una legisladora aliada, la licencia por seis meses del legislador Ernesto Ramón "Cañito" Flores, tras la detención de su exasesor José Villarreal en una causa de abuso sexual y grooming contra adolescentes en Villa de María de Río Seco. Más allá del desenlace judicial de ese expediente, la decisión política volvió a instalar un mecanismo que el peronismo cordobés ya usó, con variantes, en al menos media docena de escándalos previos que involucraron a legisladores y funcionarios provinciales y municipales.
El antecedente más directo es el de Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad y legislador de Hacemos por Córdoba, que pidió licencia dos veces por causas distintas: primero en abril de 2023, por 90 días, cuando se reabrió la investigación por responsabilidades políticas en el crimen de Blas Correas, y después en noviembre de ese mismo año, tras conocerse la denuncia de violencia de género de una suboficial de la Policía de Córdoba con la que había mantenido una relación.
En el primer caso, el radical Dante Rossi denunció que la maniobra respondió a un pedido directo de Juan Schiaretti y de Martín Llaryora para evitar sobresaltos en plena campaña electoral. Ninguna de las dos licencias derivó en un debate sobre su suspensión en el recinto.
El caso de Oscar González, expresidente provisorio de la Unicameral, tuvo un desenlace distinto. Tras el choque fatal de octubre de 2022 en Altas Cumbres, al volante de un vehículo de lujo secuestrado judicialmente, pidió una licencia de 15 días que fue estirando varias veces. A diferencia de Flores y Mosquera, en este episodio la presión no vino solo de la oposición: legisladores de su propio bloque, con arraigo en Traslasierra, exigieron públicamente que se desvinculara "totalmente" del cuerpo. Ese desgaste interno explica por qué González terminó siendo el único de estos casos con una suspensión formal votada en el recinto, y no solo con una licencia sostenida en el tiempo.
El caso de Eduardo Serrano funciona como contraejemplo. Denunciado por violencia familiar en febrero de 2023, la Legislatura directamente votó su suspensión con los 47 votos del bloque oficialista. La oposición, que en los demás episodios actuó como principal impulsora de las sanciones, esta vez se abstuvo en lugar de acompañar la medida, en un contexto en el que Serrano ya se mostraba públicamente cercano a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio.
Una lógica que atraviesa los tres niveles de gobierno
El mismo libreto de resistencia previa a la salida definitiva se repite en el Poder Ejecutivo provincial. En 2022, el entonces ministro de Salud, Diego Cardozo, resistió los pedidos de renuncia de Juntos por el Cambio tras el escándalo por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal, hasta que el propio Gobierno le retiró el respaldo político y asignó el manejo de la crisis a otros dos ministerios.
Martín Gill, cuando era ministro de Cooperativas y Mutuales, tuvo el respaldo explícito de Llaryora durante casi un año y medio pese a estar denunciado por violencia de género, y recién pidió licencia cuando la Justicia confirmó la elevación a juicio, en septiembre de 2024, para renunciar dos meses después.
En el plano municipal, el escándalo que involucró al concejal Ricardo Moreno este año, señalado por su vínculo con Claudio Barrelier -acusado del femicidio de Agostina Vega-, tuvo una resolución distinta: no hubo pedido de licencia ni votación de suspensión, sino una salida administrativa dispuesta por el intendente Daniel Passerini, que reincorporó al titular de la banca. Moreno terminó renunciando pocos días después, ante el rechazo social sostenido.
El repaso de la última década muestra un patrón que atraviesa los tres niveles de gobierno: el espacio gobernante prioriza resolver estos episodios puertas adentro, con licencias negociadas o corrimientos administrativos, antes que exponerse a una votación de suspensión o expulsión. La sanción formal aparece solo cuando el desgaste interno del propio bloque se vuelve insostenible, como con González, o cuando la oposición no tiene incentivos para acompañar activamente, como con Serrano.
